Esta decisión que tiene que ver con la vida de los ciudadanos y los empresarios,
no sólo tiene el valor de un gran capital de reserva de los jubilados, sino que
también adquiere un sentido estratégico participar en las decisiones de estas
empresas que hacen a la gran macro de la economía.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará un
proyecto de Ley para la creación de un organismo destinado a manejar las
acciones de empresas privadas que se encuentran en manos del Estado, y para que
una eventual venta de estas tenencias en el futuro requiera de la aprobación de
los dos tercios de los integrantes del Congreso.
"Estamos enviando al Congreso un proyecto de Ley para la
conformación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas”,
dijo Fernández de Kirchner.
Esta agencia, una vez creada, será presidida por el director de la
ANSES, entidad que maneja en la actualidad estas acciones que les fueron
transferidas luego de que se diera de baja el sistema de AFJP y que el sistema
previsional pasara nuevamente a manos del Estado.
Anunció además que el proyecto contempla que “para decidir la venta de
estos importantes activos de los jubilados y de los trabajadores (en el
futuro), ya no bastará con la lapicera de nadie. Tendrá que ser aprobada por
las dos terceras partes del Parlamento, para que sea un reaseguro, para que
nadie disponga alegremente de los de los bienes de los argentinos”.
La jefa del Estado dijo que el Gobierno argentino no quiere "que
nos suceda lo mismo que Grecia”, que transfirió recientemente el manejo de sus
aeropuertos a empresas alemanas, como parte del plan de ajuste para pagar las
deudas que mantiene con organismos crediticios a través de bienes que se
encuentran en manos del Estado heleno.
Detalló que a través del Fondo de Garantías que maneja la ANSES, “los
argentinos somos dueños” del 9% de las acciones de Aluar, empresa monopólica en
la producción de aluminio; del 3,5% de las acciones de Cresud; del 20% de
Molinos; del 27% de la productora y exportadora de limones San Miguel; del 26%
de las acciones de Siderar; del 11% de Petrobras; del 64% por ciento de las
acciones del Banco Hipotecario; y el 31% de las acciones del Banco Macro.
También están en poder del Estado el 20% de las acciones del Banco de
Galicia; el 25% de Nordelta y el 9% del Grupo Clarín.
Todas estas acciones y muchas otras “representan entre el 12 y 15% del
total de los 548.000 millones de pesos” que maneja la ANSES a través del Fondo
de Sustentabilidad, resaltó Fernández de Kirchner.
EJES DEL PROYECTO DE LEY
- Garantizar y preservar la sustentabilidad del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS)
- Se declara de interés público a las participaciones accionarias del FGS y del MEyFP, y se prohíbe su transferencia sin autorización expresa de las DOS TERCERAS (2/3) partes del CONGRESO DE LA NACIÓN.
- Promover el rol del Estado en la coordinación de la gestión de los Directores en representación del Estado Nacional como accionista.
VENTAJAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EMPRESAS
Permite al Estado intervenir activa y positivamente en sectores claves
de la economía, tales como el sector energético, financiero, industrial y de
servicios, entre otros.
Así se garantiza que el Estado pueda:
• Participar en la elaboración de los planes de inversiones de las
empresas, para que sus decisiones también contemplen políticas favorables para
el sector.
• Influir en la política de precios de las empresas y, consecuentemente,
en los sectores involucrados.
• Tomar conocimiento de reestructuraciones societarias (fusiones y
adquisiciones), a los fines de evitar conductas monopólicas o distorsivas de la
competencia.
• Fomentar e incentivar la orientación productiva de las empresas.
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